Finalmente, sobre el filo del cierre del año, se definió quiénes serán los tres legisladores del Frente de Todos que cubrirán las vacantes que se produjeron con el recambio de los integrantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Se trata de un organismo clave porque es el que elige las ternas de jueces, le da curso a las denuncias contra los magistrados federales y nacionales, y los remueve por juicio político en caso de mal desempeño.
Los tres representantes parlamentarios del nuevo oficialismo quedaron en manos del kirchnerismo. La sorpresa la dio la dio el reemplazo del senador justicialista Mario País, alineado con los gobernadores peronistas y del sector que lideraba el cordobés Carlos Caserio, por la senadora chaqueña de Unidad Ciudadana María Inés Pilati Vergara, reelecta en octubre pasado por un nuevo mandato de seis años, Ex ministra de Educación de Jorge Capitanich durante su gobernación chaqueña, fue también diputada del Frente para la Victoria entre 2009 y 2013.
En lugar de la ex senadora Ada Itúrrez de Cappellini, del Frente Cívico Por Santiago – que finalizó su mandato el 10 de diciembre-, ingresará tal como se especulaba el senador Mariano Recalde, de La Cámpora, en vez de su suplente, el jujeño peronista Guillermo Snopek. El jefe político de Cappellini, el gobernador Gerardo Zamora – un aliado de Cristina Kirchner- , ya fue “recompensado” políticamente con la elección de su mujer, Claudia Ledesma Abdala, como presidenta provisional del Senado. A Zamora le responden los tres senadores por Santiago del Estero, provincia que no tiene ningún representante opositor en la Cámara alta.
En tanto, la banca de Eduardo “Wado” de Pedro, que renunció para asumir al frente del Ministerio del Interior, será ocupada tal como estaba previsto originalmente por su suplente en el Consejo, la también diputada del FPV, Vanesa Siley. Oriunda de la localidad bonaerense de Mercedes, como De Pedro, es secretaria general del del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires.
Las notificaciones de los jefes de bloque ingresaron al Consejo de la Magistratura esta tarde, aunque la jura de los nuevos consejeros se postergará hasta febrero. “El primer jueves de ese mes tendrán su primera reunión de acuerdos, tras la feria judicial, los integrantes de la Corte Suprema. Recién entonces firmarán la acordada y la jura se podrá concretar al otro día”, explicó una fuente del Consejo.
Por este motivo, la elección de las nuevas autoridades del organismo también pasará para ese mes, luego de que asuman todos los integrantes.
El representante del Gobierno
A ellos, se suma la designación de Gerónimo “Zaza” Ustarroz como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, oficializada el lunes con la publicación en el Boletín Oficial del decreto firmado por Alberto Fernández.
Ustarroz -primo y hermano de crianza de De Pedro, era hasta hoy su asesor en el Consejo , donde ya lo conocen y es valorado por su posición acuerdista, en la misma línea que el actual ministro del Interior. De hecho, desde la llegada de Fernández a la Casa Rosada, vino actuando como una suerte de “interlocutor” del nuevo oficialismo en el organismo.
Ex concejal de la localidad de Mercedes, ex funcionario del Ministerio de Justicia durante el gobierno de Cristina Kirchner, y actual apoderado del frente de Todos, Ustarroz no ocupará en simultáneo un cargo en esa cartera como sucedió con sus antecesores en la gestión de Mauricio Macri y Cristina Kirchner.
Con la renovación de legisladores y el nuevo representante del Gobierno, Fernández contaría con un bloque de 6 integrantes sobre un total de 13 miembros. A Ustarroz y los tres legisladores del Frente de Todos, se suman el juez Alberto Lugones – de la lista Celeste, la más cercana al kirchnerismo- y el académico Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora.
En tanto, la oposición de Juntos por el Cambio tendría otros 6 votos. Al diputado del PRO, Pablo Tonelli, y la senadora radical Silvia Giacoppo – que reemplazó a su colega Inés Brizuela, elegida intendenta de la ciudad de La Rioja-, se suman los abogados Juan Pablo Más Vélez, vicerrector de la UBA de origen radical, y Marina Sánchez Herrero, del riñón de Ernesto Sanz, también de la UCR. A ellos suelen acompañarlos los jueces Ricardo Recondo – el presidente del Conejo este año, de la lista Bordó de los magistrados y la más cercana a Cambiemos-, y Juan Manuel Culotta, de la agrupación Compromiso Judicial, con posiciones intermedias entre la lista Celeste y la Bordó.
La llave para romper el virtual “empate” de 6 votos en el oficialismo y la oposicion la tiene Graciela Camaño, a quien en el Frente de Todos aspiran a contar como “propia”. Elegida a fines del año pasado cuando integraba el Frente Renovador por un acuerdo de los distintos bloques de la oposición – en una maniobra que le birló el segundo diputado por la mayoría en el Consejo a Cambiemos, Mario Negri-, la diputada fue reelecta, pero por Consenso Federal.
Pero si bien Fernández contaría con un Consejo de la Magistratura a favor, no tiene los 9 votos requeridos de los 13 miembros, para abrirle juicio político y destituir a un magistrado, o aprobar ternas de candidatos para cubrir vacantes, algo que será difícil sin la búsqueda de consensos.
En declaraciones periodísticas el fin de semana pasado, el jefe de Gabinete y mano de derecha de Fernández, Santiago Cafiero, aseguró que el Gobierno o buscarán perseguir a los jueces y camaristas criticados por el Presidente durante la campaña. Por más que quisieran, hoy no tendrían los números, aunque sí la posibilidad de mantener abiertas las investigaciones contra los magistrados más irritantes para el nuevo Gobierno, como Claudio Bonadio, quien procesó a Cristina Kirchner en una decena de causas y pidió su prisión preventiva. De hecho, Cambiemos no pudo cerrarle tres expedientes a mediados del mes pasado abiertos por denuncias del abogado de la actual vicepresidenta, Alberto Beraldi, y del actual senador oficialista Oscar Parrilli.