El Gobierno ingresó un proyecto de Transformación e Innovación Digital de Entre Ríos que insta “políticas de innovación pública y gobierno digital”, que promuevan “el uso de tecnologías emergentes y herramientas digitales para optimizar procesos administrativos, simplificar trámites, fortalecer la interoperabilidad entre organismos y facilitar el acceso ciudadano a los servicios estatales”.
jueves 11 de junio de 2026 | 18:39hs.
El Poder Ejecutivo entrerriano presentó este jueves un proyecto de ley de Transformación e Innovación Digital de Entre Ríos que “procura establecer un marco normativo integral orientado a modernizar la gestión pública provincial, promover la incorporación de herramientas tecnológicas y fortalecer la vinculación entre el Estado y la ciudadanía”.
En los fundamentos se señaló que “el presente proyecto procura sentar las bases para una política pública moderna e integral en materia de innovación y transformación digital, fortaleciendo las capacidades estatales y promoviendo una gestión pública más eficiente, cercana y preparada para afrontar los desafíos del futuro”.
El ámbito de aplicación será, de ser aprobado, “los tres Poderes del Estado, los organismos autárquicos, autónomos, empresas del Estado y demás entes y organismos que integran el Sector Público Provincial. Los Municipios y Comunas podrán adherir en lo pertinente a esta Ley”.
Necesidad de consolidar un proceso de transformación
En el mensaje a la Legislatura se precisó que “la iniciativa parte de la necesidad de consolidar un proceso de transformación estatal que permita adecuar las estructuras, procedimientos y servicios públicos a los desafíos y oportunidades que plantea la actual realidad tecnológica y digital. En este sentido, el proyecto propone incorporar principios, criterios y mecanismos que contribuyan a construir un Estado más ágil, eficiente, transparente, accesible e innovador”.
También se destacó que “a través de esta propuesta se busca impulsar políticas de innovación pública y gobierno digital, promoviendo el uso de tecnologías emergentes y herramientas digitales para optimizar procesos administrativos, simplificar trámites, fortalecer la interoperabilidad entre organismos y facilitar el acceso ciudadano a los servicios estatales”.
Digitalización vs papel
El proyecto “incorpora disposiciones vinculadas con la digitalización de procedimientos administrativos, la utilización de expedientes y notificaciones electrónicas, la implementación de plataformas digitales de servicios y la consolidación de mecanismos que permitan avanzar hacia una administración progresivamente despapelizada y centrada en las personas”.
También prevé “lineamientos generales vinculados con la ciudadanía digital, la protección y gobernanza de datos, la preservación del patrimonio digital público y el desarrollo de criterios de seguridad, accesibilidad, transparencia y resguardo de derechos en la utilización de nuevas tecnologías”.
La iniciativa, según se indicó, “contempla herramientas destinadas a modernizar el régimen de compras y contrataciones públicas, adecuándolo a las dinámicas propias de los servicios digitales, plataformas, licencias y desarrollos innovadores, permitiendo así dotar al Estado de mayor capacidad de adaptación frente a los cambios tecnológicos”.
También se destacó prevé “una implementación progresiva de las medidas propuestas, contemplando criterios de inclusión y accesibilidad, a fin de garantizar que la transformación digital del Estado no implique barreras para aquellos sectores de la población que requieran acompañamiento o modalidades alternativas de vinculación con la
Administración”.
Se entiende
El artículo 1° sobre Innovación Pública define que “se entiende por Innovación Pública al desarrollo, implementación, mejoramiento o incorporación de nuevas soluciones, procesos, procedimientos o abordajes que mejoren las respuestas, las capacidades de acción y adaptación del Estado a los dinámicos y cambiantes desafíos colectivos, mejorando la calidad y efectividad de las intervenciones, la participación ciudadana y la calidad democrática”.
En tanto que en el artículo 2° sobre Estado Inteligente, define que “se entiende por Estado Inteligente a aquél que construye e incrementa de forma continua su capacidad de aprendizaje a partir de la recolección, interpretación y análisis de significativos volúmenes de información que la misma Administración u otras reparticiones, agencias, o actores producen, tanto a partir de fuentes tecnológicas como humanas, contribuyendo al análisis y comprensión de problemas de políticas públicas para la generación anticipatoria y proactiva de procesos dinámicos de adaptación y respuesta, promoviendo mayor cercanía e implicación del Estado con la sociedad y sus diversos actores”. (APFDigital)
