La debilidad del Estado para combatir al crimen organizado quedó de nuevo en evidencia el pasado jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, cuna del cártel con el que Joaquín “El Chapo” Guzmán —hoy encerrado a cal y canto en EEUU— construyó un narcoimperio.
La detención y posterior liberación de uno de sus hijos, Ovidio Guzmán, “El Ratón”, la precipitación de un operativo y los argumentos confusos de las autoridades de seguridad, develan la falta de rumbo a la hora de poner freno a la violencia que consume al país.
Entre la sucesión de fatalidades para la estrategia de seguridad gubernamental se encuentra un video que circula en redes, donde se muestra que en medio del operativo para detener al primogénito de Guzmán Loera, militares y sicarios se saludan.
El hecho ocurrió en adyacencias de la caseta Costa Rica, al sur de Culiacán que era controlada por los presuntos narcotraficantes, que rodearon a un puñado de militares que cuidaban un vehículo con combustible. Los soldados están adscritos al Plan DN-III.
De acuerdo al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, fue en este lugar donde se toparon con un retén de gente adicional armada: “ahí retienen a un oficial, cuatro de tropa, un vehículo y armas, que posteriormente son regresados sin lesiones”, señaló.
El operativo para capturar a Ovidio Guzmán obedecía a una orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos; sin embargo, la captura no pudo concretarse por la precipitación y la nula comunicación con mandos superiores, además de la falta de previsión sobre las reacciones del Cártel de Sinaloa.
El saldo de las fallas tuvieron como consecuencia a la población civil: un fallecido, 19 bloqueos de diferentes vialidades, 14 agresiones con armas de fuego a elementos del Ejército mexicano y Guardia Nacional.
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