Ya se habla con el FMI de una suba de Ganancias y Monotributo. Como el impuestazo de diciembre, el esquema castiga a la clase media y a los sectores productivos.
El apretón fiscal tendrá, otra vez, forma de impuestazo.
El déficit es insostenible. Este año cerraría entre el 8 y el 10% del PBI. Un nivel comparable con el que precedió al Rodrigazo, el estallido de 1975.
Reducirlo es indispensable. Y es también la condición principal para acceder a la refinanciación de la deuda con el FMI.
Hoy sabemos que el gobierno ya trabaja en algunos borradores que intercambia con los técnicos del organismo internacional.
Uno de ellos contempla subir la alícuota máxima del Impuesto a las Ganancias del 35% actual al 41%. Para trabajadores y empresas. Se eliminaría además la bonificación del 5% para las utilidades que se reinvierten.
También aumentaría el monotributo, aunque todavía no trascendió cuánto.
Estas medidas integrarán la reforma tributaria requerida por el Fondo. El menú se completaría con cambios en el régimen previsional y en el mercado de trabajo.
Son las “reformas estructurales” que condicionan el ingreso a los programas de Facilidades Extendidas, como el que pretende adoptar el gobierno para refinanciar a 10 años la deuda con el FMI.
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El recorte a las jubilaciones ya comenzó y se formalizaría en la nueva ley de movilidad. El proyecto que iría al Congreso volvería al índice aplicado durante la presidencia de Cristina Kircher. Se componía en un 70% por la variación de la recaudación de ANSES y en un 30% por la de los salarios.
El gobierno no habla de reforma laboral. Pero estudia una rebaja en los aportes patronales sobre nuevos empleos, con porcentajes diferenciales por sectores y regiones, para bajar costos. También se borronean ideas para ponerles un dique de contención a las paritarias.
La reducción de aportes a la ANSES acentuaría el efecto negativo sobre el nivel de las jubilaciones del nuevo-viejo esquema de movilidad, más dependiente de la recaudación que de la inflación y los salarios.
El ministro de Economía ya advirtió que los “gastos de la pandemia”, como el IFE y el ATP, se irán eliminando gradualmente, para completar el ajuste.
Los técnicos del Fondo estarían pidiendo llegar al equilibrio fiscal en dos años. La meta es ambiciosa, pero el plazo concede una dispensa política para que el gobierno pueda atravesar en mejores condiciones los comicios de medio término.
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Calza con el diferimiento de los pagos más onerosos a los bonistas para el final de mandato presidencial y el que seguramente se obtendrá también con el FMI.
Estos son los primeros bocetos sobre el papel. La realidad impondrá sus propias condiciones.
El nuevo impuestazo incentiva la evasión. Castiga el ahorro y la inversión. El de diciembre –que incluyó la suba de retenciones– ya había penalizado la producción y las exportaciones.
El sesgo recesivo es evidente. Y el sesgo político. El costo creciente del ajuste será pagado por la clase media y los sectores productivos. Las franjas de la sociedad más refractarias al kirchnerismo.
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Fuente: Sagristani | El ajuste tendrá, otra vez, forma de impuestazo. Por Radio Mitre.